Queremos limitar a las empresas la posibilidad de descolgarse del convenio

Como viene siendo habitual CCOO y UGT vuelven a tratar de despistar a los trabajadores vertiendo mentiras sobre la firma del convenio. Uno de los pasos previos a la hora de publicar el convenio en el BOE es la aprobación del texto por parte de la autoridad laboral. El día 14 de marzo la Dirección General de Trabajo solicitó la revisión de algunas cuestiones de forma en algunos artículos, algo completamente normal y que ocurre de manera habitual.

Mientras los sindicatos políticos tratan de tildarlo de ilegalidad y de tratar de echar por tierra uno de los mejores convenios firmados desde que comenzó la crisis en nuestro país, incluso UGT más adelante firmó el convenio de Supercor muy similar al de comercio, la realidad es otra muy distinta y a quien afectaría esta modificación es a los trabajadores.

El ministerio de trabajo obliga a cambiar el tercer punto de la disposición adicional que hace referencia al descuelgue por centros del convenio. Muchos de los artículos que se han negociado en el convenio han tratado de paliar los efectos negativos en los derechos de los trabajadores de la reforma laboral. Uno de esos artículos, al que os hacemos referencia, consistía en la limitar a las empresas la posibilidad de descolgarse del convenio incumpliendo los acuerdos alcanzados con los representantes de los trabajadores.

Ésta fue una de las cuestiones más luchadas en la negociación. Pues bien, dice la Dirección General de Trabajo que no podemos limitar esta facultad de las empresas según el vigente ET, y que con tres meses de caída continuada de ventas es suficiente, quitando, además, el control de la comisión mixta. Esto demuestra que el entorno de negociación y lo que sucede en el resto de sectores en los que no está FETICO sitúa a los trabajadores de esos sectores en una situación de precariedad e indefensión que no tenemos en el nuestro.

Hoy hemos tenido reunión para redactar un nuevo texto que permita que se publique el convenio. Esperemos que la nueva medida afecte los menos posible al trabajador y no se dé carta blanca a las empresas para descolgarse del mismo.

El negocio más redondo

Los protagonistas del caso de los ERE tienen un elemento común: la codicia. Las cifras dan vértigo al observar los beneficios ilícitos que lograron las consultoras a través de comisiones de hasta el 25% en expedientes millonarios. La intermediación fue el gran negocio gracias a la generosidad de la Junta de Andalucía, que permitió un nulo control sobre los desorbitados márgenes que aplicaban las consultoras a los ERE en «gastos externos», un dinero repartido entre intermediarios, sindicalistas y abogados. Entre 150 y 200 millones pagó el Gobierno andaluz de los fondos públicos en comisiones como costes extraordinarios, según cálculos del PP, que eleva el porcentaje hasta el 29%. Las centrales sindicales no se han quedado atrás en el reparto del pastel. Un ejemplo: el expediente de Delphi, subvencionado con 150 millones para unos 900 trabajadores, fijaba para

CC OO y UGT una comisión de un millón para cada uno. Al margen del circuito oficial y sin desglose entre las aseguradoras y la Dirección General de Trabajo, existía otro circuito real donde las consultoras detallaban su minuta y la de sus intermediarios. Y la mordida era espectacular. Los documentos intervenidos por los investigadores en la sede de la consultora Vitalia revelan tajadas abusivas de hasta un 25%, cuando la media del sector se sitúa entre el 1% y el 3%. Además, la juez Mercedes Alaya destaca cómo Vitalia no estaba autorizada para actuar como correduría de seguros ni para cobrar esos «sobrecostes». La Junta pagó 1,7 millones en comisiones para el ERE de la empresa pública Egmasa. La Consejería de Empleo pactó con Vitalia un 11% de gastos externos, a pesar de que la empresa afectada pertenece a la propia Administración. ¿Necesitaba la Junta contratar a un intermediario para encontrar a la mejor aseguradora del mercado y así gestionar a buen precio un ERE? La respuesta es no. Casi todos los expedientes presentados a la Junta durante la época de vacas gordas contaron con financiación pública. «Las empresas se captaban a través de la información que facilitaban los sindicatos. No había criterio para ser financiado, sino captación de empresas objetivo», aseguran fuentes del caso. Al margen de encontrar una aseguradora, la función de las consultoras era garantizar una renta durante los años que le restan al prejubilado hasta su jubilación.

En el centro de estos abusos está Vitalia, del grupo Eurobank, y cuyo exdirector Antonio Albarracín y el delegado en Andalucía Jesús Bordallo están imputados. Ahora la Junta pretende que estas enormes comisiones sean devueltas y ha preguntado a las aseguradoras los porcentajes que en su día abonaron a las consultoras. Eurobank apostó los fondos andaluces en bonos basura. Parte del dinero público previsto para prejubilados de empresas en crisis acabó invertido en el ladrillo en Rumanía, Brasil y la República Dominicana. La crisis hizo despertar a los ilusos y destapó una trama urdida desde Eurobank, que atañe a empresarios imputados en otras causas como Eduardo Pascual y María Vaqué. También está imputado José González Mata, responsable de la consultora Uniter, mediadora en los ERE de reconversiones industriales andaluzas.

Vía: http://www.elpais.com/articulo/reportajes/negocio/redondo/elpepusocdmg/20120205elpdmgrep_2/Tes