El sindicalista que cobra 180.000 euros dice que el dinero lo destina a UGT

El secretario general de UGT Madrid, José Ricardo Martínez, ha asegurado que el sueldo anual de 180.000 euros que recibe en calidad de Consejero de Caja Madrid va «directamente a las arcas del sindicato».

Así, se ha referido a la información aparecida en EL MUNDO en la que se revelaba su sueldo como consejero de la entidad financiera. Martínez ganó 181.000 euros el pasado año, de los cuales 73.000 corresponden a ser consejero de Caja Madrid en concepto de dietas y asignación fija y los 108.000 restantes a su presencia en consejos paralelos de la entidad, como la fundación, informa Carlos Segovia.

En rueda de prensa, Martínez ha asegurado que detrás de esos datos está la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, ya que se han publicado dos días después de que él la calificara «reliquia cañí del tardofranquismo», algo que sostiene, y ha recalcado que sólo percibe 2.300 euros de sueldo mensual como técnico ferroviario de Renfe.

Martínez, que liderará la manifestación del domingo en Madrid en contra de la reforma laboral, logró el cargo de consejero en Caja Madrid en 2009 dentro del reparto acordado por el PSOE con el PP regional, que buscaba un amplio respaldo político y sindical para el sustituto de Miguel Blesa al frente de la entidad.

Rodrigo Rato fue elegido presidente en una lista única apoyada, entre otros, por los miembros de UGT y PSOE.

Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha asegurado que la asignación de 180.000 euros que recibe Martínez va «íntegramente» a la caja del sindicato, por lo que «no procede» hablar de un dilema moral.

Méndez se ha referido a esta cuestión al ser preguntado al respecto durante una rueda de prensa celebrada al término de una reunión con el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, en la que ha participado también el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo.

«Esos dineros, que están vinculados no a un sueldo sino a una serie de condiciones del secretario general de la UGT de Madrid como perteneciente al consejo de Bankia, van íntegramente a la caja del sindicato», ha declarado Méndez.

El líder sindical considera que «no procede» hablar de un posible «dilema moral», ya que «ese dinero no va al bolsillo de José Ricardo Martínez, sino que va a las arcas del sindicato», donde cualquier recurso que perciba alguno de sus miembros en calidad de su cargo «va a las arcas del sindicato».

Mientras, el eurodiputado del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, ha criticado que los salarios de las instituciones financieras son «socialmente escandalosos», aunque ha subrayado que no afectan «solo a los representantes de los sindicatos en los consejos de administración».

En una entrevista a ABC Punto Radio, el dirigente socialista ha concretado que los sueldos millonarios «no afectan solo a los representantes de los sindicatos» sino a «todos los que participan en los consejos de administración de las instituciones financieras».

«Resulta inaceptable no sólo que cobren esos sueldos millonarios sino que se vayan a su casa, con esa expresión tan gráfica, con pensiones multimillonarias«, ha explicado emulando la frase que Martínez al gobernador del Banco de España.

«Lo cierto es que no sólo no es verdad que la crisis la ha originado la política, sino por el defecto de la política del comportamiento especulativo de buena parte de las instituciones financieras», ha zanjado.

Vía: El mundo

Reforma laboral

Estimados compañeros/as, os resumimos algunos aspectos que va a contener la reforma laboral y que nos afectará a partir de ahora.

REDUCCIÓN DEL DESPIDO IMPROCEDENTE DE LOS 45 DÍAS POR AÑO Y 42 MENSUALIDADES A 33 DÍAS Y 24 MENSUALIDADES.

Los trabajadores que actualmente estén contratados y que hasta ahora tenían una indemnización de 45 días por año trabajado mantienen esta indemnización hasta que la reforma sea definitiva, pero a partir de entonces, la indemnización que empiecen a acumular será de 33 días por año, estos contratos conservarán el tope máximo en 42 mensualidades. Por tanto se calcularán las indemnizaciones con dos valores diferentes, el de 45 días hasta ahora y el de 33 a partir de este momento, ambos se suman y ese es el importe que le corresponde.

Los contratos realizados a partir de la publicación del decreto ley en el BOE se les aplicarán directamente la indemnización de 33 días por año con un máximo de 24 mensualidades.

DESPIDO POR CAUSAS ECONÓMICAS.

Se entenderán por causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, como la existencia de pérdidas actuales o previstas o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas, entendiendo por ‘persistente’ si se produce durante tres trimestres consecutivos. La indemnización será de 20 días por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades. Por tanto no son necesarias pérdidas sino bajada de ingresos de las empresas para acogerse al  llamado coloquialmente despido “procedente”.

MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES.

Se amplían aun más las posibilidades del empresario con el famoso art.41 ET, que establece a partir de ahora la posibilidad de modificaciones en la cuantía salarial, de tal forma que se podrá rebajar el sueldo de los trabajadores por razones no solo de carácter organizativo sino además de competitividad o productividad, sin necesidad de acuerdo. Además de la remuneración podrán ser modificadas de esta forma la jornada de trabajo, el horario, el régimen del trabajo por turnos, el sistema de trabajo o las funciones del trabajador.

Ante esta situación, que se notificaría al trabajador con un antelación mínima de 15 días, éste, si resultase perjudicado, tendría derecho a aceptar el cambio o bien a rescindir su contrato con una indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de nueve meses.

En los casos de EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO (ERE) se elimina el requisito de la autorización administrativa previa, de esta forma la empresa ya no necesita el control por la administración del ministerio de trabajo, aumentando por tanto su capacidad de aplicación de los temidos EREs y quedando tan solo la vía de demanda individual o colectiva para los trabajadores.

COJONUDO.

El negocio más redondo

Los protagonistas del caso de los ERE tienen un elemento común: la codicia. Las cifras dan vértigo al observar los beneficios ilícitos que lograron las consultoras a través de comisiones de hasta el 25% en expedientes millonarios. La intermediación fue el gran negocio gracias a la generosidad de la Junta de Andalucía, que permitió un nulo control sobre los desorbitados márgenes que aplicaban las consultoras a los ERE en «gastos externos», un dinero repartido entre intermediarios, sindicalistas y abogados. Entre 150 y 200 millones pagó el Gobierno andaluz de los fondos públicos en comisiones como costes extraordinarios, según cálculos del PP, que eleva el porcentaje hasta el 29%. Las centrales sindicales no se han quedado atrás en el reparto del pastel. Un ejemplo: el expediente de Delphi, subvencionado con 150 millones para unos 900 trabajadores, fijaba para

CC OO y UGT una comisión de un millón para cada uno. Al margen del circuito oficial y sin desglose entre las aseguradoras y la Dirección General de Trabajo, existía otro circuito real donde las consultoras detallaban su minuta y la de sus intermediarios. Y la mordida era espectacular. Los documentos intervenidos por los investigadores en la sede de la consultora Vitalia revelan tajadas abusivas de hasta un 25%, cuando la media del sector se sitúa entre el 1% y el 3%. Además, la juez Mercedes Alaya destaca cómo Vitalia no estaba autorizada para actuar como correduría de seguros ni para cobrar esos «sobrecostes». La Junta pagó 1,7 millones en comisiones para el ERE de la empresa pública Egmasa. La Consejería de Empleo pactó con Vitalia un 11% de gastos externos, a pesar de que la empresa afectada pertenece a la propia Administración. ¿Necesitaba la Junta contratar a un intermediario para encontrar a la mejor aseguradora del mercado y así gestionar a buen precio un ERE? La respuesta es no. Casi todos los expedientes presentados a la Junta durante la época de vacas gordas contaron con financiación pública. «Las empresas se captaban a través de la información que facilitaban los sindicatos. No había criterio para ser financiado, sino captación de empresas objetivo», aseguran fuentes del caso. Al margen de encontrar una aseguradora, la función de las consultoras era garantizar una renta durante los años que le restan al prejubilado hasta su jubilación.

En el centro de estos abusos está Vitalia, del grupo Eurobank, y cuyo exdirector Antonio Albarracín y el delegado en Andalucía Jesús Bordallo están imputados. Ahora la Junta pretende que estas enormes comisiones sean devueltas y ha preguntado a las aseguradoras los porcentajes que en su día abonaron a las consultoras. Eurobank apostó los fondos andaluces en bonos basura. Parte del dinero público previsto para prejubilados de empresas en crisis acabó invertido en el ladrillo en Rumanía, Brasil y la República Dominicana. La crisis hizo despertar a los ilusos y destapó una trama urdida desde Eurobank, que atañe a empresarios imputados en otras causas como Eduardo Pascual y María Vaqué. También está imputado José González Mata, responsable de la consultora Uniter, mediadora en los ERE de reconversiones industriales andaluzas.

Vía: http://www.elpais.com/articulo/reportajes/negocio/redondo/elpepusocdmg/20120205elpdmgrep_2/Tes

 

Reforma laboral

 

Vía Pablo Pablete