El sindicalista que cobra 180.000 euros dice que el dinero lo destina a UGT

El secretario general de UGT Madrid, José Ricardo Martínez, ha asegurado que el sueldo anual de 180.000 euros que recibe en calidad de Consejero de Caja Madrid va «directamente a las arcas del sindicato».

Así, se ha referido a la información aparecida en EL MUNDO en la que se revelaba su sueldo como consejero de la entidad financiera. Martínez ganó 181.000 euros el pasado año, de los cuales 73.000 corresponden a ser consejero de Caja Madrid en concepto de dietas y asignación fija y los 108.000 restantes a su presencia en consejos paralelos de la entidad, como la fundación, informa Carlos Segovia.

En rueda de prensa, Martínez ha asegurado que detrás de esos datos está la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, ya que se han publicado dos días después de que él la calificara «reliquia cañí del tardofranquismo», algo que sostiene, y ha recalcado que sólo percibe 2.300 euros de sueldo mensual como técnico ferroviario de Renfe.

Martínez, que liderará la manifestación del domingo en Madrid en contra de la reforma laboral, logró el cargo de consejero en Caja Madrid en 2009 dentro del reparto acordado por el PSOE con el PP regional, que buscaba un amplio respaldo político y sindical para el sustituto de Miguel Blesa al frente de la entidad.

Rodrigo Rato fue elegido presidente en una lista única apoyada, entre otros, por los miembros de UGT y PSOE.

Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha asegurado que la asignación de 180.000 euros que recibe Martínez va «íntegramente» a la caja del sindicato, por lo que «no procede» hablar de un dilema moral.

Méndez se ha referido a esta cuestión al ser preguntado al respecto durante una rueda de prensa celebrada al término de una reunión con el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, en la que ha participado también el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo.

«Esos dineros, que están vinculados no a un sueldo sino a una serie de condiciones del secretario general de la UGT de Madrid como perteneciente al consejo de Bankia, van íntegramente a la caja del sindicato», ha declarado Méndez.

El líder sindical considera que «no procede» hablar de un posible «dilema moral», ya que «ese dinero no va al bolsillo de José Ricardo Martínez, sino que va a las arcas del sindicato», donde cualquier recurso que perciba alguno de sus miembros en calidad de su cargo «va a las arcas del sindicato».

Mientras, el eurodiputado del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, ha criticado que los salarios de las instituciones financieras son «socialmente escandalosos», aunque ha subrayado que no afectan «solo a los representantes de los sindicatos en los consejos de administración».

En una entrevista a ABC Punto Radio, el dirigente socialista ha concretado que los sueldos millonarios «no afectan solo a los representantes de los sindicatos» sino a «todos los que participan en los consejos de administración de las instituciones financieras».

«Resulta inaceptable no sólo que cobren esos sueldos millonarios sino que se vayan a su casa, con esa expresión tan gráfica, con pensiones multimillonarias«, ha explicado emulando la frase que Martínez al gobernador del Banco de España.

«Lo cierto es que no sólo no es verdad que la crisis la ha originado la política, sino por el defecto de la política del comportamiento especulativo de buena parte de las instituciones financieras», ha zanjado.

Vía: El mundo

El negocio más redondo

Los protagonistas del caso de los ERE tienen un elemento común: la codicia. Las cifras dan vértigo al observar los beneficios ilícitos que lograron las consultoras a través de comisiones de hasta el 25% en expedientes millonarios. La intermediación fue el gran negocio gracias a la generosidad de la Junta de Andalucía, que permitió un nulo control sobre los desorbitados márgenes que aplicaban las consultoras a los ERE en «gastos externos», un dinero repartido entre intermediarios, sindicalistas y abogados. Entre 150 y 200 millones pagó el Gobierno andaluz de los fondos públicos en comisiones como costes extraordinarios, según cálculos del PP, que eleva el porcentaje hasta el 29%. Las centrales sindicales no se han quedado atrás en el reparto del pastel. Un ejemplo: el expediente de Delphi, subvencionado con 150 millones para unos 900 trabajadores, fijaba para

CC OO y UGT una comisión de un millón para cada uno. Al margen del circuito oficial y sin desglose entre las aseguradoras y la Dirección General de Trabajo, existía otro circuito real donde las consultoras detallaban su minuta y la de sus intermediarios. Y la mordida era espectacular. Los documentos intervenidos por los investigadores en la sede de la consultora Vitalia revelan tajadas abusivas de hasta un 25%, cuando la media del sector se sitúa entre el 1% y el 3%. Además, la juez Mercedes Alaya destaca cómo Vitalia no estaba autorizada para actuar como correduría de seguros ni para cobrar esos «sobrecostes». La Junta pagó 1,7 millones en comisiones para el ERE de la empresa pública Egmasa. La Consejería de Empleo pactó con Vitalia un 11% de gastos externos, a pesar de que la empresa afectada pertenece a la propia Administración. ¿Necesitaba la Junta contratar a un intermediario para encontrar a la mejor aseguradora del mercado y así gestionar a buen precio un ERE? La respuesta es no. Casi todos los expedientes presentados a la Junta durante la época de vacas gordas contaron con financiación pública. «Las empresas se captaban a través de la información que facilitaban los sindicatos. No había criterio para ser financiado, sino captación de empresas objetivo», aseguran fuentes del caso. Al margen de encontrar una aseguradora, la función de las consultoras era garantizar una renta durante los años que le restan al prejubilado hasta su jubilación.

En el centro de estos abusos está Vitalia, del grupo Eurobank, y cuyo exdirector Antonio Albarracín y el delegado en Andalucía Jesús Bordallo están imputados. Ahora la Junta pretende que estas enormes comisiones sean devueltas y ha preguntado a las aseguradoras los porcentajes que en su día abonaron a las consultoras. Eurobank apostó los fondos andaluces en bonos basura. Parte del dinero público previsto para prejubilados de empresas en crisis acabó invertido en el ladrillo en Rumanía, Brasil y la República Dominicana. La crisis hizo despertar a los ilusos y destapó una trama urdida desde Eurobank, que atañe a empresarios imputados en otras causas como Eduardo Pascual y María Vaqué. También está imputado José González Mata, responsable de la consultora Uniter, mediadora en los ERE de reconversiones industriales andaluzas.

Vía: http://www.elpais.com/articulo/reportajes/negocio/redondo/elpepusocdmg/20120205elpdmgrep_2/Tes

 

EL ESCÁNDALO DE LOS ERE SALPICA A LOS SINDICATOS: CCOO FUE TOMADOR DE UNA POLIZA DE SEGURO DE TRES MILLONES DE € PARA ONCE TRABAJADORES

La Policía investiga el papel de CC. OO. en el pago de los ERE. La juez que lleva el caso se pregunta por qué el sindicato fue tomador de una póliza de tres millones de euros para once trabajadores. Como es sabido, tanto UGT como CC.OO obtienen ingresos por asistir “profesionalmente” a los trabajadores y a las empresas en los Expedientes de Regulación de Empleo aunque aún no se ha hecho pública una relación de ingresos por estos conceptos. Recordemos que por intermediar el ERE de una empresa de electrodomésticos, el sindicato CGT denunció que UGT y CC.OO habían cobrado 6.500 euros cada uno en concepto de honorarios. Segun UGT, estos honorarios servían para cubrir los gastos de los no afiliados y se suman, claro, a las subvenciones que los sindicatos cobran de los Presupuestos Generales del Estado, de las comunidades autónomas e incluso dediputaciones y ayuntamientos. Por su parte, el PSOE saca la artillería contra la juez y la acusa de filtrar papeles a la prensa.

ABC cuenta hoy que una póliza de tres millones fue tomada por la Federación de Industria de Comisiones Obreras de Andalucía y que se destinó a once trabajadores. Naturalmente, el hecho se incluye entre las pesquisas que la juez de instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, ha encargado a la Policía. En el auto que ordena la investigación, firmado hace un mes, se solicitaba que se investigasen «todas las circunstancias relativas a que el tomador de la póliza sea CC.OO de Andalucía y como llega a asumir tales funciones». Además la juez ordena que se investigue por qué para esta empresa y sólo para once prejubilados se destinan casi once millones mientras que para otras en las que el número de prejubilados es muy superior (por ejemplo Surcolor con 26) la cantidad de la prima es inferior.

El auto ordena que «se practiquen todas las gestiones encaminadas a explicar por qué el tomador es CC.OO. y cómo llega a asumir tales funciones y quién abona las primas». Y le reclama los certificados individuales de adhesión de todos los prejubilados así como que se aporten las vidas laborales de los trabajadores acogidos al ERE y de los intrusos señalados por la Junta Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Fernández Garzón. Ese auto, en el que la juez advirtió al ex consejero Antonio Fernández y al ex director General de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, de que serán imputados de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, también imputa a otros presuntos intrusos. Se trata de Patrocinio Sierra (esposa de Juan Lanzas), María Nieves Ruiz, María José Martínez y Angeles Sierra. Además de pedir el organigrama de los directores generales de Trabajo y directores del IFA también pide a la Agencia Tributaria que investigue las repercusiones fiscales de las rentas percibidas por intrusos.

Pero también reclama gran cantidad de documentación como la vida laboral de doce falsos trabajadores de Bonpunt y dos de Cydeplast además de otros 48. La investigación también requiere datos sobre Germans, de la que solicita los requisitos para la prejubilación así como el dato dado por la Junta de que Luis Vera y Ana Bohorquez , incluidos como falsos trabajadores en Bonpunt, también pudieran estar incluidos en las prejubilaciones de Germans. De Sos Cuétara, pide la vida laboral de 34 trabajadores y los datos de Victorina Madrid (suegra de Guerrero incluida en el ERE). En cuanto a Saldauto, pidió la vida laboral de varios asegurados de la póliza de Apra leven: Francisco Delgado, Antonio González, Francisco de Paula Hernández, José Herrero, Guillermo Jiménez, Guillermo López, Rafael Rodríguez y Antonio Toro. De esta empresa también pide que se investigue por qué recibió la póliza antes del ERE.

La investigación abarca la póliza financiada por la Junta de Andalucía con una prima de 812.989 euros para Antonio García, Alejandro Millán y Rafael Ruiz. O el por qué, después de transferir un millón a Hitemasa, a Dirección General de Trabajo distribuyó partes de esa cantidad: 400.000 euros a Graficrommo, 155.808 al Grupo Cortefiel y 300.000 euros a Antonio García, Alejandro Millán y Rafael Ruiz. La juez ha pedido igualmente las vidas laborales de otros dos intrusos señalados por la Junta, en el ERE de Calderinox Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Fernández, quién es Estrella Blanco y la inclusión de José Antonio Márquez y Manuel López en el ERE de Surcolor. También la vida laboral de doce trabajadores incluidos en el ERE de Springer Arteferro.

El PSOE ya no se contiene y ataca a la juez

Mientras la Junta de Jueces de Instrucción debate hoy una petición de Mercedes Alaya para que la eximan del reparto del juzgado durante tres meses y le pongan un juez de apoyo dado el trabajo que tiene (además de los ERE, Mercasevilla y el Betis), el PSOE ya no sabe qué hacer para desacreditar la labor de la juez. Aunque al principio se adhirió a la petición de las defensas del caso Mercasevilla y del fiscal para recusarla, recusación que fue desestimada, ahora la acusa de filtrar documentación a la prensa.

Como es habitual ya, el elegido para tal misión ha sido el portavoz parlamentario Mario Jiménez que insinuó ayer que desde el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, cuya titular es Mercedes Alaya, se están filtrando a los medios de comunicación informes sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que le ha enviado la Junta de Andalucía. Tras matizar que su partido «no hace juicios de valor sobre los órganos jurisdiccionales ni vamos a someter a escarnio público a ningún juez ni a las fuerzas de seguridad», Jiménez lamentó que «es un hecho objetivo que cuando la Junta remite al Juzgado la documentación, al día siguiente está en los medios de comunicación».

La «fuga» se produce —puntualizó— «antes incluso de que la documentación se comunique a las partes». La de ayer es la primera crítica velada del grupo socialista a la magistrada, que custodia los informes —que suman más de 150.000 folios— que le ha enviado el Gobierno andaluz desde que arrancó la instrucción, donde la Administración andaluza también está personada.

Pero cabe considerar que esta es la respuesta de Griñán a la jueza, que quería y quiere estar en posesión de las actas de las sesiones del gobierno andaluz con su correspondiente documentación entra la que podría encontrarse la relativa a los informes de la Intervención sobre la legalidad de los procedimientos del fondo de reptiles.

El PP-A dice que, según marca el artículo 30.3 de la Ley de gobierno, esas actas «no son reservadas», por cuanto no incluyen ni las deliberaciones realizadas en esos consejos ni los votos individuales expresados por sus integrantes, tal como señaló ayer la portavoz de esta formación, Rosario Soto.

http://www.alertadigital.com/2011/03/31/el-escandalo-de-los-ere-salpica-a-los-sindicatos-cc-oo-fue-tomador-de-una-poliza-de-seguro-de-tres-millones-de-euros-para-once-trabajadores/